El pasado 11 de febrero se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Ley 1/2026, de 5 de febrero, del clima de Galicia («Ley 1/2026«), que entrará en vigor a los 20 días naturales de su publicación y establece un marco jurídico propio para combatir el cambio climático en Galicia, convirtiendo la acción climática en eje estructural de la actuación administrativa dicha Comunidad Autónoma. 

Entre sus objetivos fundamentales, la Ley 1/2026 fija la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEEI), alcanzar la neutralidad climática antes de 2040, el fomento de la economía baja en carbono y la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 75% en 2030 respecto de los niveles de 1990.

Para ello, la norma establece un sistema de gobernanza climática integrando criterios climáticos en todas las políticas públicas (urbanismo, energía, transporte, agricultura, industria, etc.) y, como como instrumentos de acción climática regula la Estrategia gallega de cambio climático, el Plan regional integrado de acción climática y el Plan de Acción local por el clima.

Entre sus medidas de fomento de proyectos e iniciativas climáticas, la Ley 1/2026 crea el Registro gallego de personas y entidades promotoras de la neutralidad climática, cuyo objetivo es hacer constar públicamente los compromisos asumidos voluntariamente por organizaciones, tanto públicas como privadas, con o sin personalidad jurídica, y cualquier iniciativa o evento que, por medio de la compensación de su huella de carbono, colaboren para conseguir el objetivo de neutralidad climática en dicha Comunidad Autónoma.

Dicho Registro actuará como medio para impulsar los objetivos del Sistema voluntario de créditos de carbono, previsto en la Ley 2/2024, de 7 de noviembre de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, cuya regulación fue desarrollada mediante Decreto 95/2025, de 15 de septiembre.